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El 6 de octubre de 2003 hubo una manifestación en contra de la políticas del gobierno liberal de Gordon Campbell en el centro de la ciudad de Vancouver. Bajo el cielo gris y lluvioso de otoño, poca gente fue, sin embargo lo que estaba en juego era de mayor importancia para este evento. Entre otras cosas, la privatización del sistema hidroeléctrico que es un asunto fundamental en la provincia y para todo Canadá.

La provincia de Alberta (2000) y la de Ontario (2002) ya han desreglamentado su sector de energía con resultado de un aumento de más de 500% (Alberta) y 33% (Ontario). La provincia de Quebec, desde la creación del Estanco de Energía, trata por todos los medios “valorizar el fuerte potencial hidroeléctrico de su territorio” para que los estadounidenses puedan usar este servicio esencial a bajo precio made in Quebec, apartándose de su mandato inicial –abastecer la electricidad a los quebeques a bajo costo. Colombia-Británica sigue esta tendencia con la llegada de los liberales de Gordon Campbell.

B.C. Hydro cuya propiedad es del pueblo de la provincia de Colombia-Británica, posee actualmente los precios de electricidad en tercer lugar más bajos en América del norte. Representa unas ganancias de 850 mil millones anuales para el gobierno, los cuales alimentan los servicios de salud y de educación. El Ministro de Energía y de Minas Richard Neufeld anunció recientemente un aumento de los precios para el año 2004.

Así pues, sin consultación pública y con la reprobación de más de 90 municipios, el gobierno está orquestando la privatización de los sectores públicos claves. La ley 10 y la 39 transfieren un tercio de las operaciones y de los trabajadores a la empresa privada Accenture, cuya dirección y oficina principal está en las Bermudas. Negociado en secreto, los términos del acuerdo actual entre B.C. Hydro y Accenture privatizan el servicio a clientela, la red de servicios informáticos, los recursos humanos, los sistemas financieros, los servicios de compra y gastos así que los servicios a la propiedad.

Accenture arrastra consigo un pasado lleno de controversias. Antes el año de 2000, Accenture era conocida como Andersen Consulting, una rama de de Arthur Andersen, una firma implicada en el “escándalo Enron”. Inicialmente basada en Chicago, la empresa ha cambiado de nombre para luego relocalizarse en las Bermudas –paraíso fiscal- y así volver imposible cualquier sanciones procediendo de sentencias en los tribunales de EE.UU. u otros países. Esta misma empresa ha sido criticada por los gastos no correspondidos con los servicos ofrecidos. Por ejemplo, tuvieron en Ontario el contrato para privatizar el sistema social. Después de un pobre resultado, el Verificador General de Ontario señalaba que los costos del trabajo habían sido 6 veces más elevados que si hubieran sido operados por el sector público.

Por su parte, el gobierno de Colombia Británica tuvo importantes presiones por parte de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), una rama americana que promueve la desregularización en los EE.UU. y en Canadá, con finalidad de libre intercambio en los servicios energéticos. El gobierno provincial procede con complicidad al desmantelamiento de B.C. Hydro en tres sectores –generación, distribución y transmisión- una condición necesaria según el FERC para la exportación de electricidad hacia los EE.UU.

El gobierno Campbell planifica para el otoño de 2004 que la transmisión de electricidad sea hecha por el RTO West (Regional Transmission Organization), una organización manejada por las empresas americanas. Así pues, un mayor control de los EE.UU. es previsible con la transmisión de electricidad asumida por la RTO West: la organización decidirá cómo desea invertir en las infraestructuras eléctricas, quién tendra acceso y cuánto deberán pagar.

Además, se puede temer en el futuro que el medio ambiente sea víctima de la prohibición de proyectos en desarrollo por parte de la BC Hydro en beneficio de compañías privadas. Éstas podrán preferir una energía como el carbón –más barata que la hidroelectricidad- teniendo como consecuencias niveles altos de contaminación y calentamiento global.

El traslado de control de la BC Hydro a Accenture ya cuesta más de 60 mil millones de dólares a la gente de Colombia Británica. El desmantelamiento de BC Hydro en tres sectores significa también un aumento de la burocracia y de los gastos así que una disminución de la responsabilización hacia la población. También se trata de dejar a las empresas privadas la utilización del sistema público para la exportación hacia los EE.UU. Además, toda nueva producción de electricidad será para el privado se regulariza según las leyes del mercado, perjudicando las regiones aisladas de la provincia. Aunque el gobierno haya declarado que abastecerá la población en electricidad a bajo costo para un periodo de diez años con el “contrato de herencia”, ¿qué es lo que pasará después?

De este modo, el proceso de privatización de la electricidad se revela como practicamente irreversible bajo el TLC (Tratado de Libre Comercio). Con respecto al capítulo 11, las compañías privadas productoras de electricidad serán protegidas en el caso de un regreso a la propiedad pública, exigiendo al gobierno compensaciones para las “pérdidas de ganancias” potenciales.

Así pues se puede preguntar uno ¿en qué los cambios pueden ser beneficioso para la población de Colombia-Británica? A la luz de los eventos en marcha, es posible constatar la amplitud de esta usurpación y, sobre todo cuando más de 60 000 personas han firmado una carta para soportar una acción ciudadana en los tribunales para parar la privatización...

Para tener más información, pueden comunicarse con la BC Citizens for Public Power, una organización que quiere dar una voz al pedido de la gente de Colombia-Británica para conservar un sistema de producción eléctrica pública: